Narcos y golpes de Estado. ¿Un nuevo orden mundial del tráfico de drogas?

Drogas y la hipótesis del golpe de Estado en México.

El martes 10 de diciembre sucedió lo que pocos imaginaron, la detención de Genaro García Luna, el legendario policía mexicano que dirigió las agencias mexicanas de seguridad y combate a las drogas. El gobierno de los Estados Unidos lo detuvo en la ciudad de Dallas, Texas, bajo acusaciones diversas, pero una de ellas muy importante: recibió sobornos del cártel de Sinaloa, organización comandada por Ismael (el Mayo ) Zambada.

No resulta extraño que el gobierno de los Estados Unidos detenga a Genaro García Luna por los presuntos delitos que se le imputan; la duda viene del ¿por qué ahora? Aunque a muchos les resulta poco creíble, parece que todo se complicó con los hechos del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, donde después de aprehender a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Chapo Guzmán, el ejército mexicano y la policía de Culiacán lo soltaron ante la fuerte movilización de grupos armados vinculados al cártel y la aparente camaradería del trato con las fuerzas armadas mexicanas.

Se habló entonces de un intento de golpe de Estado, y pocos encontraron fundamento al dicho del propio presidente Andrés Manuel López Obrador…, hasta el golpe a Evo Morales el día 10 de noviembre de 2019. Como se sabe, el pretexto fue un fraude electoral del todavía presidente Morales, quien pretendía reelegirse; pero quien dio la puntilla fue el ejército boliviano al «recomendarle» su renuncia; eso fue lo que hizo sonar la alarma.

En México las fuerzas opositoras al presidente López Obrador habían iniciado una campaña para derrocarlo; una campaña ñoña que seguía al pié de la letra el manual de cómo derrocar a un gobierno, campaña sin creatividad, ni una organización con suficiente base social, pero todo eso no era un obstáculo, habría otras fuerzas desestabilizadoras. En eso consistía el peligro del narco mexicano. Este, con los estímulos adecuados, podría iniciar una insurrección armada que obligara a la intervención del ejercito mexicano declarando más tarde incompetente al presidente de la república y obligándolo a renunciar.

Seguramente esa posibilidad no gustó a Donald Trump quien tiene al actual presidente de México como un amigo utilizable como él mismo ha dicho. Es posible que la declaración de Trump de tipificar a los narcos mexicanos como terroristas, iba más en el sentido de alertar al ejército de que EE.UU. no toleraría en México un golpe al estilo boliviano; Trump amenazó con la intervención directa, y aquietó a todos.

Al final lo importante parecía ser  evitar que fuerzas más poderosas como la encabezada por George Soros, los Clinton los Obama, los chinos o los rusos, emplearan (como ya lo ha documentado el Dr. Alfredo Jalife Rahme) al narco como pretexto para forzar una intervención del ejército en México en contra de su jefe supremo. Así, la decisión de golpear al cártel de Sinaloa y al propio Mayo Zambada, tendría origen en los aparatos de inteligencia norteamericanos para desarticular las condiciones de posibilidad de un golpe de Estado en México.

Este conjunto de suposiciones tiene varios flancos débiles, uno de ellos es el hecho de que las agencias antinarcóticos de Estados Unidos, no desean eliminar el tráfico de drogas hacia su país, sino controlar su consumo en un rango funcional. Eliminar al cártel de Sinaloa implicaría la implosión de la maquinaria más importante de trasiego de drogas en el mundo, como ya lo afirmó Anabel Hernández en su libro más reciente, «El Traidor», y por tanto dejar a millones de consumidores sin su recurso vital.

Las drogas y el control social.

Las drogas siempre han existido en las sociedades humanas hasta donde se sabe, como lo ha documentado extensamente Antonio Escohotado en su libro «Historia general de las drogas» ( cuando hablamos de drogas nos referimos desde el aparentemente inofensivo café, hasta el mortal crack); pero fue durante y después de la Segunda Guerra Mundial cuando el uso de las drogas adquirió otros usos. En efecto, Norman Ohler en su libro «El gran delirio. Hitler, drogas y el III Reich», pone lo anterior al descubierto:

Los historiadores concuerdan en que el propio Hitler estimulaba a los soldados a realizar ejercicios diarios y a evitar drogas recreacionales como la cocaína, el opio y la morfina.

«Era esencial para la ideología nazista esta imagen de una fuerza de gobierno y militar ‘sanos’. Prohibieron el uso de drogas en 1933 cuando Hitler llegó al poder señalando que las drogas eran un problema judío. Hitler combinó su política antinarcóticos con la ideología antisemítica». 

Pero a partir de 1937 hubo una producción en masa de una droga sintética llamada «Pervitín», que fue distribuida ampliamente entre las fuerzas armadas germanas. 

Olher explica que este narcótico hacía que los soldados estuvieran más alerta y necesitaran dormir menos, además de que los hacía sentirse invencibles porque disminuía el miedo.

Y no sólo las tropas la usaban: «los trabajadores la consumían, las amas de casa también, así como los empresarios antes de ir a reuniones de negocios. Había incluso chocolates de venta en el mercado que contenían Pervitín» (Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-40978635 ). Este nuevo uso de las drogas no pasó desapercibido por el gobierno de los Estados Unidos, pero sobre todo no lo fue para las empresas farmacéuticas.

Durante la Guerra Fría el uso de las drogas legales fue gradualmente sustituido por las drogas declaradas «ilegales» por la poderosa industria farmaceútica. La demanda era excesiva y el uso de las drogas dejó de regularse solo por los médicos, para pasar a la libre demanda que se presentó como un excelente negocio a partir de los inicios del neoliberalismo a finales de los años 70s.

El filósofo Han Byung Chul precisó un diagnóstico de esta época en su libro «Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder», donde afirma que el Estado neoliberal a dado lugar a una sociedad donde los seres humanos se fustigan hasta la muerte con tal de lograr el ideal capitalista del consumo ad infinitum y la eficacia individual al 200%. Desde luego esto no es posible, viene entonces la depresión para soportar el fracaso y después la necesidad de volver a la lucha sin cuartel hasta la muerte. En todo esto, al igual que en el caso del ejército alemán, las drogas juegan un papel importante.

Pero, en mi opinión, corresponde a Francisco Gomezjara el mérito de haber identificado la nueva funcionalidad de las drogas en una sociedad enferma («El imperio de la droga», 1992). Gomezjara    establece el primer cuadro funcional de las drogas, mismas que responden a sociopatologías sociales específicas:

a). Una intensidad creciente de los procesos laborales, bajo condiciones de precariedad y pobreza.

b). Conflictos permanentes dentro de los espacios urbanos, barriales,vecinales, familiares, exacerbados por la exigencia de competitividad, un ultraindividualismo y un ambiente general de violencia.

c). Una carga de sobre expectativas consumistas por arriba de las posibilidades reales de amplios sectores sociales que son arrojados a la frustración y a la violencia.

Para cada una de estas sociopatologías hay una droga legal o ilegal disponible. Así

«Las drogas se instalan en la sociedad porque pueden inserirse -injertarse- en la conciencia de los sujetos donde su función de utilidad está ligada a las necesidades de economía psíquica del ser humano. Esta necesidad de economía psíquica por parte del sujeto contemporáneo debe ser la hipótesis central de cualquier investigación sobre el consumo de drogas, la clave para avanzar con esa hipótesis es la necesidad del reposo reparador ante el dolor como parte de cualquier proceso terapéutico fisiológico o mental.» Esto afirma el investigador chileno Ibán Rementería en su artículo «La función de utilidad del uso de las drogas y las culturas de su consumo«, de 2014.

El Estado, sus lacayos los narcotraficantes y las poderosas empresas farmaceuticas se aprovechan de la necesidad humana del reposo reparador ante el dolor, para fortalecer mediante las drogas el control social sobre ciertas áreas del comportamiento humano logrando así sus objetivos:

1. Mantener a la población cumpliendo sus roles predeterminados con satisfacción. Complejo conservador.

2. Destruir los movimientos de protesta social, sobre todo entre los jóvenes. Complejo represor.

3. Generar superhombres arquetípicos. Complejo revalorizador de la realidad. Es lo que induce a la sociedad psicopolítica de Byung. (Gomezjara; op.cit. p. 32).

Drogas y Nuevo Orden Mundial.

El punto flaco de la hipótesis del golpe de Estado cuando se compara con la necesidad de las drogas como medio de control social tal vez pueda irse superando si consideramos las «restricciones» sistémicas al  comercio de las drogas y su consumo en la sociedad: 

1. En tanto medio de control, el tráfico y consumo de drogas debe mantenerse en un nivel funcional, pero diferenciado. Es decir, en determinados momentos se hará conveniente el uso de ciertas drogas, bajo el neoliberalismo, las anfetaminas, por ejemplo.

2. En tanto negocio, el tráfico de drogas debe tender a equilibrar las ganancias del sector ilegal con respecto al legal ( cárteles vs farmaceuticas/sistema de salud).

3. En el caso específico de México, George Friedman, ha señalado en su libro «Los próximos cien años» de  2010, que una de las amenazas para las élites de Estados Unidos, es la eventual capitalización de sectores empresariales de México con los recursos del narcotráfico.

Las tres restricciones harían plausible la hipótesis de la neutralización del golpe de Estado en México, mediante la neutralización del cártel de Sinaloa. En la primera restricción podría entrar en juego el complejo conservador que establece que ante un eventual abandono de las políticas neoliberales, debería regresarse al uso de las drogas para el mantenimiento de la población cumpliendo sus roles con satisfacción. El complejo número 2 se mantiene y se abandonan los objetivos del complejo 3 recuperándolo sólo para las élites empresariales.

La tercera restricción específica para México, justificaría del todo la implosión del cártel de Sinaloa y la reestructuración de los grupos de trasiego de droga.

Desde luego, el que estos argumentos fortalezcan la hipótesis de la neutralización del golpe de Estado en México, dependen del desarrollo de la política internacional y de manera más inmediata de lo que le suceda o no al presidente Donald Trump ante la posibilidad del Impeachment.

Seguridad, crimen y finanzas.

Las declaraciones del abogado del Chapo Guzmán y de Jesús Zambada han confirmado algo que algunos sabían y que muchos sospechábamos: el crimen organizado soborna a las autoridades federales a niveles muy altos que tocan hoy a ex-presidentes y presidentes en turno.

En efecto, Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa sobornaban a la PGR, a la policía, a militares y hasta a la Interpol, pagando sobornos en la Ciudad de México de 300 mil dólares mensuales, según el dicho de un testigo clave del gobierno en el juicio del capo, Jesús “El Rey” Zambada, empleado del cartel desde 1987 hasta su arresto en 2008 y hermano de Ismael El Mayo Zambada García, cofundador de la organización criminal junto a El Chapo. El Rey Zambada detalló los exorbitantes costos de proteger el contrabando de la droga colombiana que viajaba a Estados Unidos vía México en el tercer día del juicio que se realiza en Brooklyn, Nueva York y que durará unos cuatro meses. La prensa ha destacado que un señalamiento de la mayor importancia es el que hizo el abogado defensor del Chapo al afirmar que el ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa y el actual presidente Enrique Peña Nieto recibían dinero del Cartel de Sinaloa.

A estas alturas es difícil negar que la violencia criminal, a pesar de la llamada guerra contra el narco, no ha disminuido; por el contrario se ha incrementado. El 75% de los asesinatos perpetrados se atribuyen al crimen organizado y unas 70 personas fueron asesinadas cada día en México, en total se cometieron 25,339 homicidios dolosos en 2017.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la Ley de Seguridad Interior legislada por el Congreso de la Unión y vigente desde el 21 de diciembre de 2017. Dicha ley se promulgó con el fin de generar un marco legal que justifique el uso de las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, en materia de seguridad en todo el territorio nacional. Los ministros resolvieron que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para legislar en cuanto a seguridad interior y la disposición del Ejército en la materia.

Con esta especie de vacío legal, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó una política sobre política de seguridad interior, cuyo punto central es la creación de una guardia nacional que, según los conocedores deja sin modificar el efecto de militarizar la seguridad pública.

La iniciativa del presidente electo es sustancialmente diferente de su postura inicial, a saber, que  endurecería los controles del sistema bancario en el país para luchar contra el lavado de dinero.

Este tema es clave en el control y reducción  del crimen organizado. Entre otras, la experiencia italiana demuestra que el uso de la violencia del Estado y el perfeccionamiento del sistema judicial tienen como condición de éxito sine qua non, el control del sistema financiero que permite el llamado “lavado” de dinero. Al respecto, un libro recomendable para conocer del contexto histórico y los mecanismo de la limpia de dinero con origen criminal, es el de Jean de Maillard et. Al. Atlas de la criminalidad financiera. Del narcotráfico al blanqueo de capitales. Ediciones Akal S. A. 2002. España.

El gobierno mexicano estimó que sólo el narcotráfico, los delitos fiscales y algunos otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año (unos 58 mil 500 millones de dólares), monto que es susceptible de ser sometido a lavado de dinero, según un reporte clasificado visto por Reuters en octubre de 2017.

«Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país», dice la propuesta de programa de gobierno divulgada por el líder del partido Morena el año pasado.

El sistema financiero mexicano está compuesto por más de 5 mil entidades de muy diversa índole, y el sector bancario es liderado por los bancos españoles BBVA Bancomer y Santander, así como el estadounidense Citibanamex.

El futuro presidente de México vuelve a toparse con el capital financiero, hace unas semanas con motivo de las reformas propuestas para el cobro de comisiones, ahora con el tema de su política de seguridad pública.

Llama la atención que en ambos temas parezca dejar de lado el control de esta forma de operación del capital. En este segundo caso, no  tomar en consideración la experiencia italiana podría llevarlo a un esquema modificado de la «guerra contra el narco», con un altísimo costo económico y en vidas humanas además de ineficaz.

Pero lo que además debería preocuparnos, son los cambios abruptos en los planteamientos políticos del futuro presidente de México. Da la impresión de que sus declaraciones adolecen de falta de sustento y congruencia, o bien de estar sometido a una presión por parte de fuerzas superiores a su capacidad y voluntad políticas.

POLÍTICA Y VIOLENCIA EN OAXACA.

 

La violencia en Juchitán.

Hace unos días Juan Terán, presunto líder de una banda criminal en Juchitán, pronunció un llamado a la población para echar de ese municipio a los fuereños que se han apoderado de él.

En el discurso, dicho en zapoteco y cuya traducción fue transmitida por algunos medios, Juán Terán, quien fuera amenazado de muerte por los sedicentes miembros de los grupos delincuenciales “Antrax” y “Nueva Generación”, convoca a los juchitecos a organizarse en torno a él para expulsar a los fuereños del municipio. El discurso apela a la tradicional valentía del pueblo juchiteco para no dejar que personas extrañas sigan controlando sus vidas.

El llamado, en un zapoteco pobre en su construcción idiomática (emplea muchas palabras en castellano), sugiere una persona de una rudimentaria cultura étnica, pero sin duda nativo del lugar. Lo primero le rresta efectividad al discurso, lo segundo le da credibilidad.

Por otra parte, los supuestos grupos antagónicos a Juan Terán, también convocan a la población para que les den su apoyo. Los “Antrax” y “Nueva Generación”, alegan que meterán al orden a quienes han sembrado la violencia y el miedo en la región.

Ambos discursos tienen cierta similitud y es importante destacar el afán de legitimidad, misma que los contendientes quieren obtener mediante el apoyo popular. Esto no es nuevo en las estrategias de guerra de intervención, ganarse a la población es fundamental.

Es difícil anticipar si alguno de los llamados tendrá éxito, pero bien puede servir de justificación para desatar una ofensiva contra el grupo rival, con el pretexto de que se cuenta con el apoyo de un sector  de la población y así mostrarse como un líder popular, libertador y justiciero.

Esto recuerda la propaganda de la Familia Michoacana cuando quisieron presentarse como los defensores de las tradiciones culturales de ese estado.

Si Juan Terán o los “Antrax” y “Nueva Generación”, llevan a la práctica lo que hasta ahora han sido amagos, la región podría repdroducir, con una nueva modalidad, la emergencia de grupos de autodefensa como en Michoacán.Una modalidad diferente, porque ahora será un grupo criminal el que tomarán la iniciativa que,  de tener éxito, es probable que entonces sí se sumen algunos empresarios, propietarios, comerciantes y ganaderos que han sido afectados con los secuentros y robos y que están hartos de ser saqueados. La pregunta es quién de los contendientes saldrá victorioso en la primera batalla de esta guerra declarada.

Incluso es probable que algunos jóvenes puedan ser reclutados como mercenarios, con cargo a fondos con recursos de diversa procedencia. Lo anterior no estaría en contraposición con una larga tradición juchiteca de guerra de autodefensa.

El conflicto armado podría extenderse a las zonas de Matías Romero al norte, Salina Cruz Al sur,  e Ixtepec, Ixtaltepec y el Espinal al Noroeste, cuyas poblaciones también ha sido afectadas.

Hay muchos intereses y posibilidades económicas en la región que la hacen atractiva para varios actores, lamentablemente no con buenas intenciones.

 

Las elecciones en Oaxaca.

Por otra parte, las elecciones no parecen motivar la atención ni la participación de la población.

El pasado viernes 29 de abril, los candidatos contendientes ofrecieron al público un debate que no tuvo el éxito propagandístico que se esperaba, la población sigue igual de indiferente.

En una encuesta reciente, aplicada después del debate en algunos municipios de los Valles Centrales, que es la región que recibe sin problemas la señal televisiva de CorTV, el 69% afirmó conocer a los candidatos.

El 80% de la población representada en la muestra, afirmó que la elección del gobernador es importante; pero sólo el 72% dijo que iría a votar el 5 de junio; por otra parte, sólo el 28% de los entrevistados dijo haber visto el debate y de ese porcentaje el 68% sostuvo que fue aburrido.

En una estado donde la población afirma que las elecciones son importantes; pero sólo el 28% se asoma a ver un debate de quienes contienden en ella, todos los partidos pierden y en Oaxaca, parecen no darse cuenta.

 

El Primero de Mayo.

 

La participación y la conducta de los participantes en el desfile-manifestación de este 1º de mayo, confirman el estado de malestar social que existe en el país y particularmente en Oaxaca.

Por otra parte, los efectos combinados de la volencia criminal, lo que acontecen en Brasil, las protestas por la reforma laboral francesa, los atentados terroristas, todo ello trensmitidos a través de las redes sociales o los medios convencionales de comunicación, alientan la percepción de que las cosas están mal en México y que no respondemos como los ciudanos de otros paises.

Por su parte, la CNTE ha valorado positivamente los resultados del 1º de mayo y se prepara para su paro nacional el 15 de mayo. La respuesta de los resultados de las negociaciones SEP-SNTE, será importante en la articulación de la protesta de la CNTE y particularmente de la Sección XXII.

El escenario que se comienza a configurar en Oaxaca no es alentador, sobre todo si se considera que ni el gobierno federal ni el estatal, parecen apreciar lo grave que puede resultar la evolución de lo que hoy acontece. La inversión en materia de desarrollo social no tiene el impacto esperado en los estados más pobres de México, sobre todo en Oaxaca. Mientras tanto,  en la SEDESOL parece reinar la confusión.

Por otra parte, no se observa una movilización de las fuerzas del orden hacia la región del Istmo como si ha ocurrido con el caso de Guerrero. No se les debe olvidar que Oaxaca tiene tanto o  más potencial conflictivo que Guerrero y, como decía Don Jesús Reyes Heroles: problema que se soslaya, estalla.

 

 

 

 

INTELIGENCIA SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

La violencia crece y se extiende de manera desenfrenada en todo el país y sobre todo en Oaxaca;  no parece haber una salida. Quizás la solución podría encontrarse en una nueva forma de vinculación entre población y gobierno; pero para ello, el gobierno tiene que recuperar la confianza de la población.

México atraviesa momentos importantes para su futuro inmediato. La situación internacional se caracteriza por una volatilidad económica, un lento crecimiento en varias regiones importantes, la guerra de los precios del  petróleo y la definición de un nuevo equilibrio entre las potencias del mundo. Todos estos factores afectan a México y exigen respuestas creativas y acciones inmediatas para no poner en riesgo el potencial de las reformas estructurales del gobierno de la república; pero sobre todo, para que no siga afectando a las personas y particularmente a los niños.

A diario nos enteramos de asesinatos, violencia contra las mujeres, accidentes producto de la negligencia, robos, secuestros, todo configurando un ambiente de violencia que se refuerza en algunos hogares con videojuegos que la hacen parecer divertida a los niños y a los adolescentes.

Aunado a lo anterior, observamos una desconfianza a las instituciones, por parte de varios sectores de la población, sobre todo de la clase media. Dicha desconfianza alcanza al propio gobierno en todos sus niveles. La crisis de confianza se explica en parte por la existencia de grupos sociales que provenientes de la clase media, se han empobrecido y no ven en el horizonte una salida a su situación, agravada por instituciones de asistencia social desgastadas e ineficientes.

La inseguridad y la violencia que perpetra el crimen organizado contra la población, hace más sombrío el panorama, sobre todo  si se considera lo que se percibe como impunidad,  y hasta complicidad de las autoridades y la clase política con la delincuencia. Se duda entonces de la existencia de un Estado de Derecho, duda  que crea un ambiente permisivo que alienta la ilegalidad, el respeto al más fuerte y trastoca los valores principales que hacen posible la convivencia social.

La situación que actualmente vivimos alienta a algunos para intentar debilitar más a las instituciones y propiciar condiciones de protesta o incluso insurreccional. Mientras el crimen  organizado se ha cebado con la institución más débil del Estado de Derecho: el municipio.

Una eventual crisis generalizada del gobierno municipal, en cualquier región del país, propiciada por acciones insurreccionales, criminales o por el propio Estado, conduciría inevitablemente a una crisis profunda del Estado de Derecho y a la puesta en riesgo del futuro de México.

La necesidad de construir soluciones creativas en un contexto de poca credibilidad en las instituciones, me llevan a reflexionar sobre lo siguiente:

Habrá que aclarar primero, que cualquier propuesta responsable de solución, debe partir, o al menos considerar lo siguiente:

1. La solución debe construirse con los afectados y con el total respaldo del Estado.
2. La institución más débil es el espacio político, social y geográfico en el que debe construirse la solución.
3. Los municipios de México, su población y su gobierno, no tienen la capacidad para enfrentar, ni al crimen organizado, ni a los grupos insurreccionales; pero tienen un enorme potencial para prevenir la violencia y fortalecer a las instituciones democráticas.
4. El poder de la acción local municipal, reside en su capacidad para generar capital social positivo, inteligencia social contra la delincuencia y su potencial preventivo a partir del conocimiento del terreno y de la población.
5. La primera acción del Estado en México, debe basarse en la dialéctica de limpiar de criminales a los municipios y fortalecer su capacidad de gobernanza para construir una instancia de poder autónoma.

La formación de grupos de observadores y activistas municipales, podría ser la semilla de un capital social positivo que podría articularse en una base para las acciones preventivas, municipales, estatales o nacionales.

Retomando la definición del Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, entendemos como capital social positivo,  «… el proceso por el cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de sus colectivos, y hace posible la convivencia pacífica y la participación comunitaria; además permite adquirir un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y la seguridad de sus comunidades.»

La acción de los grupos ciudadanos, buscaría reducir el valor relativo de los principales indicadores asociados con la violencia como expresión de cualquiera de los factores de riesgo antes mencionados. Dichos indicadores son:

 

– Embarazo temprano.

– Consumo y abuso de drogas legales e ilegales.

– Ambientes familiares deteriorados o problemáticos.

– Deserción escolar

– Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.

– Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente.

– Entorno de ilegalidad.

– Espacios públicos para la convivencia, insuficientes y deteriorados.

– Marginación y exclusión social.

 

Los grupos  ciudadanos, tendrían como función principal promover la formación de organizaciones civiles para la atención de la problemática definida por los indicadores asociados a la violencia en México y sentar las bases  de un sistema de inteligencia social de prevención de la violencia.

Todo lo anterior podría aplicarse con menos recursos de lo mucho que se malgasta en las campañas preventivas que hoy han dejado de operar, o en la propaganda de los políticos y las fastuosidades de los funcionarios públicos.

MUNICIPIOS EN LA MIRA.

El secretario de hacienda, Luis Videgaray, anunció el viernes 30 de enero un recorte al presupuesto del gobierno federal de 124.3 mil millones de pesos; lo que equivale al 0.7% del PIB. Este recorte implica la afectación en las inversiones programadas para este año, en 37.2 mil millones de pesos; y en 87.01 miles de millones de pesos al gasto corriente.

Lo anterior, en pocas palabras significa más desempleo y una economía con menor crecimiento, toda vez que el gasto público en México, es un importante dinamizador de la economía.

Algunos especialistas ya habían anunciado el recorte presupuestal ante la estrepitosa caída del petróleo; un escenario que no debió pasar desapercibido por el aparato de inteligencia económica del Estado mexicano; como tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que las tensiones entre Arabia Saudita y los Estados Unidos de Norteamérica, ponen a México en el centro de la lucha por el control de los hidrocarburos; hecho que desde hace años he estado señalando.[1]

La crisis económica y el desempleo, en las actuales condiciones del país, pueden propiciar un incremento en el reclutamiento de la población por parte del crimen organizado, o simplemente el incremento de la criminalidad. Los gobiernos municipales serán los más afectados por esta crisis y si se aprueban las reformas constitucionales en materia municipal, quedarán de hecho y formalmente en plena indefensión.[2]

Al respecto, en el reciente número de la revista Nexos (446, de febrero 2015), se publicó el artículo de los investigadores Guillermo Trejo y Sandra Ley, titulado: Municipios bajo fuego (1995-2014).

El estudio establece algunas categorías clasificatorias para describir y explicar la violencia del crimen organizado en los territorios municipales y contra sus autoridades:

1. Los municipios con territorios en disputa. Este tipo de municipios parece no tener problemas de interpretación. Cuando los municipios quedan en la ruta que interesa a los cárteles para el trasiego de la droga, se ejerce la violencia contra las autoridades y la población para asegurar su neutralidad o hasta su apoyo; lo que deriva en una agresión, del cartel contrario, sobre las autoridades que parecen aliadas del adversario.

2. Municipios con mayor independencia fiscal. Esta categoría tiene de entrada un problema. Parece indicar que la variable se reduce a la capacidad del municipio para recaudar impuestos en una base fiscal que se supone importante. Pero, como después describen los autores, hay factores que se asocian a la recaudación que hacen que la denominación parezca inadecuada, por ejemplo: existencia en el municipio de agricultura de exportación, rutas comerciales importantes, negocios turísticos. Esta base de la recaudación estimula al crimen organizado para controlar a las autoridades municipales, sobre todo si los impuestos son de carácter local, lo que implica no darle cuentas al gobierno federal.

Sería mejor asociar la probabilidad de violencia al nivel de diversificación  y dinamismo de la economía local. El nivel de desarrollo municipal explicaría también otra cosa: la disputa política por su control por parte de los partidos tradicionales y no sólo por el crimen organizado.

3. Los municipios de oposición en estados gobernados por la izquierda. Afirman los autores que el gobierno del presidente panista Felipe Calderón, le restó apoyo a los municipios de los estados gobernados por la oposición, lo que los hizo más vulnerables.

En los estados gobernados por el PRD, los municipios no panistas fueron de 5 a 6 veces más vulnerables que los alcaldes panistas en un estado gobernado por el PAN. En los municipios gobernados por el PRI, los municipios no panistas fueron 2 veces más vulnerables que los municipios panistas en estados panistas. ¿ Cómo se explica la diferencia entre estados gobernados por el PRD y los gobernados por el PRI? ¿Este hecho sugiere que el PAN dio más apoyo al PRI que al PRD? ¿ Los gobiernos priistas son más proclives a pactar con el crimen organizado y así protegen a sus municipios?

Veamos qué dicen los autores:

«… la brecha sugiere la existencia de un conflicto político entre un gobierno federal de derecha y gobiernos estatales de izquierda.»

Puede ser; pero entonces ¿ qué explica el conflicto político? Reducirlo a una cuestión ideológica no resulta plausible. En todo caso la importancia política de un municipio tendría que ver con la cantidad de votos capitalizables y su riqueza.

Continuando con la lógica de su hipótesis, los autores incluyen una variable intermedia: la dificultada para coordinarse. Los perredistas al desconocer a Calderón no aceptaron el apoyo del gobierno federal, o bien, el gobierno federal los «castigó» por no reconocerlo.

La dificultad de coordinación entre los estados de diferente signo político existe desde la alternancia en algunos estados como Baja California durante la presidencia de Salinas de Gortari; y se hizo más notoria, desde el 2000, sobre todo en coyunturas electorales, por temor a que el gobierno federal utilizara sus recursos para ganar las elecciones. Habría que ver si la correlación identificada, por los investigadores se mantiene para los periodos señalados. Cabe aquí una observación. Habrá que tener mucho cuidado en el uso de las correlaciones estadísticas, pues con su interpretación se puede creer que algo nuevo se descubre, cuando sólo se confirman los presupuestos que subyacen a la selección de las variables correlacionadas.

En el contexto del análisis de esta categoría, una pregunta más sugerente sería ¿ se ha abandonado al municipio a su suerte? Si es así, ¿ por qué? Y ¿desde cuándo?

Como contra ejemplo de todo lo anterior, los autores mencionan el caso de Tijuana, Baja California, que ilustra cómo una buena coordinación entre el gobierno federal y el municipal puede ser exitosa, sin importar el signo partidista; pero sospecho que el caso de Tijuana tiene más que ver con la cercanía con los Estados Unidos y con la eventual afectación a ciudadanos norteamericanos.

Los autores terminan su ensayo señalando que las reformar propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto el 1º de diciembre de 2014, parte de un diagnóstico equivocado. Al señalar a los municipios como los culpables de la actual crisis, la tesis presidencial deriva en dos medidas necesarias: la atribución de facultades al gobierno central para proceder a la desaparición de poderes municipales cuando las autoridades estén coludidas con el crimen organizado; la otra medida somete a las policías municipales bajo un mando único a cargo de los gobiernos estatales.

La primera medida no estará exenta de imparcialidad y las acciones derivadas de ella“… que estarían con frecuencia motivadas por sesgos partidistas y ambiciones electorales…”. La segunda, la de someter a las policías municipales a un mando único estatal, podría simplemente “…unificar el mando criminal”.

El ensayo es un excelente esfuerzo por identificar aquello que hace vulnerable al gobierno municipal al crimen organizado; pero al momento de trazar las posibles soluciones se pierde en un discurso que se antoja ideologizado.

Quizás no fue la intención de los autores presentar soluciones al grave problema de la invasión de la criminalidad a los municipios y no deberíamos exigirles lo que no se plantearon; pero lo que sí es cierto es que urge buscar cómo salir de esta crisis que amenaza con disolver al Estado de Derecho y hundir a México en el caos.

Samael Hernández Ruiz.

Febrero de 2015.

 

[1] S. Hernández Ruiz. La reforma energética. ¿Desde dónde observarla? En: https://samaelhernandezruiz.wordpress.com . Ver también: El affaire USA-Cuba, en el mismo blog.

[2] La Secretaría de Gobernación expuso que hasta 75 por ciento de municipios son vulnerables a la infiltración del crimen organizado, según diversos estudios, por lo que llamó a apoyar la iniciativa presidencial en materia de mando único. También el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, defendió el proyecto del mandatario, al argumentar que tras las averiguaciones del caso Iguala fueron intervenidos 13 municipios en Guerrero, porque ahí el crimen organizado no sólo designaba a los encargados de las corporaciones policiacas, sino que decidía los operativos. Diario Milenio 22 de enero 2015.

Digamos que hablo de… AYOTZINAPA: LOS PUNTOS CIEGOS DE LA PROTESTA NACIONAL.

En un artículo anterior (Ayotzinapa y el nuevo proyecto de nación), comentaba la creciente protesta derivada del asesinato y desaparición de jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Gro. La protesta se explica en parte por la atrocidad cometida contra los normalistas; pero para explicar  la amplitud de la indignación, el hecho mismo no es suficiente.

La creciente protesta nacional que tiene como destinatario al gobierno federal, se explica por el cúmulo de afectaciones a la población, principalmente a la clase media, a los obreros y a los trabajadores del sector de servicios. Debo destacar que la agresiva política económica contra los campesinos, no ha tenido respuesta aún; cuando los trabajadores del campo se incorporen a la protesta, la crisis habrá llegado a su clímax.

La acumulación de agravios pudo tener inicio en 1982, año que podría marcar el desmantelamiento del proyecto histórico nacional que le dio sustento a la Revolución de 1910 y que hizo ascender al poder a un nuevo bloque clasista. Dicho proyecto quedó escrito y comunicado a la población en la Constitución Política de 1917.

Las reformas salinistas a los artículos 3ro, 27 y 123 de la constitución comenzaron  a desfigurar el proyecto nacional. Las reformas de la actual administración terminaron de borrar el viejo proyecto histórico. En todo este proceso que va, de 1982 hasta el 2014, los agravios a los trabajadores, a los campesinos y al pueblo en general se han acumulado y  explotado con el asesinato y desaparición de los estudiantes normalistas.

La dirigencia del  actual movimiento de protesta, encabezado en parte por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no ha comprendido la naturaleza de la protesta nacional y la conduce erráticamente bajo consignas que se han convertido en clichés, como la construcción del Frente Único Nacional, la Huelga Nacional y el derrocamiento del actual gobierno.

La falta de capacidad de quienes dirigen la protesta nacional, se ve mejor en aquello que  no han podido observar, es decir sus puntos ciegos. Uno de estos es el papel que juega el crimen organizado en lo ocurrido en Guerrero. Ninguna consigna confronta al narcotráfico; solo el ERPI ha llamado a la formación de brigadas de ajusticiamiento contra los Guerreros Unidos, pero el movimiento de protesta guarda silencio al respecto.

La dirigencia del movimiento de protesta, tampoco ve la lucha por el poder en Guerrero como el contexto que en parte puede explicar por qué asesinan y desaparecen a los estudiantes normalistas y a otros actores sociales. En efecto, en la dinámica de la lucha por el poder en Guerrero participan el PRI, el PRD, MORENA, el PAN y… el Crimen Organizado. Las relaciones que mantienen entre sí estas organizaciones en el contexto de Guerrero, podrían contribuir a explicar, como ya he dicho,  la composición, el motivo y modus operandi de los victimarios de los estudiantes y de otras muchas personas.

Otro punto ciego es la incapacidad de la protesta para analizar las acciones y circunstancias del gobierno priísta de Peña Nieto, pues  cuando simplemente le asignan toda la responsabilidad de lo ocurrido, el análisis pierde riqueza y complejidad. Lo anterior está ligado a un tema también importante: la opinión pública internacional.

La comunidad internacional parece actuar en dos niveles: el de los gobiernos y organizaciones que reclaman el respeto a la ley y a los derechos humanos; y las organizaciones civiles y políticas que dan apoyo moral y material a la protesta nacional mexicana. A la primera expresión el gobierno mexicano  probablemente  les ofrezca los  resultados de una investigación bien fundada en el caso Ayotzinapa; el problema es la segunda, porque los sectores conservadores de los Estados Unidos, ya filtraron la especie de que en Guerrero están involucradas fuerzas guerrilleras centro y sud americanas para desestabilizar al país.

En mi opinión estos puntos ciegos del movimiento nacional de protesta, no permiten enarbolar demandas que respondan a los hechos y a sus circunstancias particulares; demandas que de resolverse coadyuvarían a la gradual transformación de la sociedad mexicana y de sus instituciones, hasta desembocar en un nuevo proyecto histórico de nación, incluyente, equitativo y apegado a la legalidad.

Me queda la duda de qué es lo que no permite ver al sistema de protesta mexicano los aspectos de la realidad que he mencionado. Es posible que se deba a la naturaleza misma de los sistemas de protesta; por cierto hoy se discute la posible oscilación de estos sistemas entre su carácter funcional y el de su carácter de  organización. Este es un tema académico, pero no hay que perderlo de vista. La otra explicación tendría que ver con la naturaleza humana de los actores de la protesta, y eso sí que es complicado.