DELINCUENCIA, PREVENCIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO

El nivel de la violencia en México ha descendido pero aún  no deja de ser un problema que afecta la vida y el desarrollo nacional.

En un artículo de la periodista Ana María Salazar publicado en el Financiero el 18 de este mes,[1] se comenta que  Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, ha hecho declaraciones en el sentido de que negociará que el recorte hecho por la Secretaría de Hacienda a los programas de prevención del delito y la violencia no se vean muy afectados. Se comenta que el recorte a esos programas llega a un 25% de lo que tienen asignado y que los programas preventivos de esa dependencia podrían sufrir un serio revés.

El criterio, según se sabe, que utilizó la Secretaría de Hacienda para efectuar los recortes presupuestales, tiene que ver con la eficacia de dichos programas; es decir, tiene que ver con los resultados que ofrecen.

Dice la periodista:

“El problema de los programas de prevención de la violencia es que generalmente no dan resultados y los pocos que pueden demostrar algún factor de éxito están vinculados con la capacidad institucional de la administración de justicia (que es nula en el país) y los efectos son a largo plazo.” 

 

Por su parte la organización México Evalúa, realizó  un análisis de los programas de prevención del delito y la violencia [2] y en sus recomendaciones señala:

1. El objetivo general del PNPSVD es fortalecer los factores que reducen el riesgo de cometer actos delictivos o violentos e incidir en las causas o factores que los generan. Sin embargo, ninguno de estos factores está claramente definido, con el rigor necesario, para el caso mexicano.
2. Los criterios de selección de las demarcaciones prioritarias donde se implementa el PNPSVD no son claros. Es urgente dar a conocer dichos criterios y metodología con el fin de comprender y evaluar la lógica y alcance del Programa.
3. La distribución de los recursos entre las demarcaciones seleccionadas por el PNSPVD depende exclusivamente del tamaño de la población y del número de homicidios. En ningún momento se toman en cuenta los factores de riesgo delictivo que busca reducir el Programa. Es necesario vincular la distribución de los recursos con la magnitud de los factores de riesgo en las demarcaciones seleccionadas.
4. La prematura etapa en la que se encuentran las capacidades federales y locales para el diseño e implementación de una estrategia de prevención del delito puede representar grandes dificultades para la generación de políticas adecuadas a nivel municipal.

 

Con estos elementos adicionales, podríamos convenir en que los programas de prevención de la violencia en México requieren de un esfuerzo adicional para mejorar sus resultados; y desde nuestro punto de vista ese esfuerzo tiene que ver, en una buena parte,  con instrumentos para la acción preventiva en los municipios.

Debe entenderse bien: una acción preventiva contra la violencia y la delincuencia presuponen la presencia del Estado en un territorio determinado. Su propósito es establecer una relación funcional entre población y autoridades; que permita controlar los niveles en los que se expresa la violencia y la criminalidad. Por otra parte, no se conocen, variables asociadas causalmente con la violencia o la delincuencia; toda correlación encontrada, hasta ahora, con los resultados de las investigaciones sobre el tema, no son concluyentes.

Por tanto, desde nuestro punto de vista, una mejor forma de instrumentar la prevención es el enfoque de riesgo, más que el de  variables causales. En efecto, la violencia y la delincuencia deben verse como el resultado de agentes humanos que actúan bajo ciertas condiciones. Un enfoque de este tipo, requiere de considerar elementos para:

1. Describir los antecedentes de la amenaza y su situación actual.
2. Observar los hechos (inteligencia social) para actuar con oportunidad.
3. Poner en práctica un sistema social de alerta.
4. Favorecer que la autoridad actúe con oportunidad, legalidad y eficacia contra la violencia y la delincuencia incipientes.
5. Promover el desarrollo económico y el bienestar social.

 

Estos propósitos deben articularse en una plataforma programática[3] para su puesta en práctica en los territorios municipales donde existe el riesgo de que la criminalidad busque el control, o emerja la violencia. Los territorios municipales más vulnerables son al parecer:

1. Los municipios más alejados pero con vías de comunicación susceptibles de ser utilizadas.
2. Municipios con altos ingresos y economías diversificadas.
3. Municipios en la ruta del trasiego de drogas.
4. Municipios situados en territorios limítrofes con estados donde la delincuencia tiene una presencia importante.

Quizás un replanteamiento de los instrumentos operativos de los programas preventivos, pueda hacer reconsiderar a la Secretaría de Hacienda los recortes por realizar; pero independientemente de eso, lo importante es que dichos instrumentos aseguren resultados. Ese es el verdadero reto.

 

 

[1] Luis Videgaray. «el joven manos de tijera «. En http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-videgaray-el-joven-manos-de-tijera.html

 

[2] Prevención del delito en México. ¿Dónde quedó la evidencia?. Disponible es: http://mexicoevalua.org/2014/02/mex-eva_indx-prevdel-low/

[3] BISIÁ A.C. actualmente desarrolla un modelo operativo con esas características.