EL MDTEO: ENTRE LA POLÍTICA Y LA DELINCUENCIA

La ya tradicional jornada de lucha de mayo de los profesores de la Sección XXII del SNTE, comenzó este año de 2013 en una situación política con algunas particularidades destacables: primero  la reforma laboral aprobada en el 2012, que se sumó a las reformas a la ley del ISSSTE y que preocuparon a los afiliados al SNTE. Vino después la iniciativa de reforma a los artículos 3ro. y 73 de la constitución que parecieron exigir una acción clara por parte del SNTE y que llevó a cabo Elba Esther Gordillo Morales, quien terminó en la cárcel por presuntos delitos relacionados con el crimen organizado.

Ante esto, las Secciones del SNTE en los estados de Michoacán y Guerrero iniciaron acciones y paros, afectados por sus propios contextos políticos locales, pero coincidentes con los temores de las otras secciones sindicales afiliadas a la CNTE en cuanto a que las reformas legales afectaban a sus afiliados en sus derechos y situación laborales. Al parecer, la Sección XXII en Oaxaca, evaluó  su propia  situación local y como columna vertebral de la CNTE, de modo que decidieron posponer el paro indefinido para cuando iniciara sus trabajos el congreso de la unión. Lo anterior con el propósito de presionar para que las leyes secundarias de las reformas constitucionales no les perjudicaran.

Esta política provocó reacciones  internas en la Sección XXII, por parte de algunos grupos que consideraron que la actual dirección sindical y sus aliados, estaban comprometidos con el gobierno del estado para no radicalizar la jornada de lucha de este año. Las pugnas internas obligaron a una redefinición de las alianzas entre las diferentes expresiones y preparaban un escenario muy conflictivo dentro de la sección sindical, que tarde o temprano repercutiría en la radicalización de sus acciones en Oaxaca.

Por su parte, el gobierno federal le exigió al gobernador Gabino Cué congruencia en sus acciones y declaraciones, porque en ellas se apreciaba una conducta como gobernante, pero en ocasiones mostraba otra como integrante de una “alianza” que lo obligaba a defender, e incluso a suscribir las demandas de la Sección XXII,  en contra de las pretensiones manifiestas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Algunos se han preguntado del porqué de esta ambigua conducta del gobernador de Oaxaca, cuando es sabido que los grupos al interior de la Sección XXII, no confiaban en él, ni cuando fue candidato de la alianza que lo llevó al poder, ni confían  ahora cuando ya es gobernador.  La pregunta, hasta ahora, no tiene respuesta.

El hecho es que el gobierno del estado, al parecer, le dio prioridad a la relación política con la Sección XXII, por sobre la coordinación institucional con el gobierno federal.

Quizás todo hubiese salido bien, aún en las condiciones comentadas, si un hecho no le hubiera dado un giro de 180 grados a la situación: la detención de 12 personas presuntamente implicadas en el secuestro de dos menores, hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani,  raptados el 14 de enero de este año. Al menos tres de los detenidos, pertenecen a la Sección XXII.

El problema se complica cuando aparecen señalamientos de que los detenidos tienen vínculos con grupos armados insurgentes. La dirigencia de la Sección XXII, declaró que considera inocentes a los detenidos, que se trata de una criminalización de la lucha social y que no existe ningún vínculo con ningún grupo armado. Por lo anterior asumirá la defensa de los detenidos; pero no sólo en el ámbito judicial que sería lo menos grave; sino en el ámbito político de las movilizaciones y presiones a los gobiernos tanto federal como estatal. Por otra parte, ningún grupo armado ha declarado, hasta ahora, nada al respecto.

La primera repercusión de los hechos narrados es local. La Sección XXII supedita las negociaciones de la jornada de mayo, a la libertad de los inculpados y detenidos de su gremio y es probable que radicalicen sus acciones. Al interior del sindicato, los diferentes grupos que operan en él, no tienen  definida su postura al respecto, pues carecen de evidencias suficientes acerca  de la responsabilidad o no en los hechos delictivos de los presuntos implicados, tampoco de su posible relación con los grupos armados insurgentes; por lo anterior, el posicionamiento es en general asumir la defensa de los detenidos, aunque al interior del MDTEO se den los deslindes.

La segunda repercusión es nacional, pues la CNTE, a pesar de la postura poco “comprometida” de la Sección XXII con el plan de lucha nacional, se ve involucrada en los acontecimientos oaxaqueños de dos maneras. Primero porque se afirma que algunos de los detenidos pertenecen a la Sección XXII, que a su vez pertenece a la CNTE; segundo, porque las secciones sindicales de Michoacán y Guerrero no están libres de ser acusadas por presuntos vínculos con delincuentes,  grupos insurgentes o denuncias presentadas por los afectados de sus recientes actividades.

Todo lo anterior se da en medio de una intensificación de la presencia del ejército y la policía federal en los estados mencionados; que a su vez repercute en Oaxaca por el llamado “efecto cucaracha”. Ya se dejan oír algunas voces de alarma en la entidad.

El escenario previsible en Oaxaca es potencialmente conflictivo y complejo si además se relaciona con las próximas elecciones locales, situación que podría obligar al gobierno del estado a solicitar el apoyo de las fuerzas federales, por los eventuales conflictos post electorales, los agrarios, la presencia de grupos armados (delincuenciales o insurreccionales) y con  lo que además contribuya la Sección XXII si su Frente Único de Lucha no se desempeña como una dirección política responsable y objetiva,  y en cambio se deja inspirar por los recuerdos de la extinta APPO.

Ya lo dijo un dirigente de la Sección XXII en una obra de próxima publicación: es un error que la Sección XXII  se asuma como la dirección del movimiento social, palabras más, palabras menos. Por  razones distintas, pero coincido con la apreciación.